Las instituciones públicas tendrán que identificar sus sistemas, explicar las decisiones apoyadas por IA y habilitar la revisión humana. El Decreto 787-26 concede 180 días desde su publicación para adecuar políticas y procedimientos.
Cuando una institución pública utilice inteligencia artificial para apoyar una decisión que afecte a una persona, deberá poder explicar su intervención y ofrecer mecanismos para cuestionarla. Esa es una de las obligaciones que deberán traducirse en procedimientos concretos tras la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de República Dominicana.
El Decreto 787-26, emitido el 2 de noviembre de 2026, establece un marco para las entidades estatales que desarrollen, contraten o utilicen estas tecnologías. Su aplicación abarca también las herramientas empleadas por servidores públicos, incluidos asistentes de redacción y análisis, cuando incidan en funciones públicas o actos administrativos.
El siguiente paso será convertir sus principios en reglas verificables: responsables identificados, evaluaciones previas, registros de sistemas y canales de reclamación.
Saber cuándo interviene una IA
Uno de los cambios esperados es que la ciudadanía pueda conocer cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por inteligencia artificial, comprender su finalidad y recibir explicaciones sobre los datos y criterios que influyeron en el resultado.
La OGTIC precisa que la transparencia debe permitir comprender, cuestionar y corregir decisiones. Para cumplir ese propósito, las instituciones deberán ofrecer información comprensible y vías accesibles para impugnarlas y solicitar revisión humana.
Por ejemplo, si una herramienta interviene en la evaluación de una solicitud, la aplicación de estas garantías debería permitir que la persona afectada conozca esa participación y pueda pedir que se revise el resultado.
Evaluaciones antes de los sistemas de alto impacto
Los sistemas capaces de afectar derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras deberán pasar por una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en funcionamiento. La Digeig tendrá a su cargo revisar y aprobar las evaluaciones correspondientes a los clasificados como de alto impacto.
De esta disposición se desprende una tarea central: establecer metodologías y criterios que permitan identificar riesgos y determinar las condiciones de uso. El decreto asigna a la Digeig la elaboración de esos instrumentos y la facultad de requerir medidas correctivas.
Límites para la vigilancia y las decisiones automatizadas
Entre las prácticas prohibidas figuran la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos y la automatización de sentencias penales.
El código también contempla protección reforzada para niños y adolescentes frente a sistemas que generen o distribuyan contenido lesivo, abusivo o discriminatorio. Estas disposiciones corresponden al ámbito de aplicación del marco aprobado para los servicios públicos.
Nuevas exigencias para los proveedores
Las contrataciones deberán incorporar cláusulas que garanticen protección de datos, seguridad, auditoría, trazabilidad y supervisión. La Dirección General de Contrataciones Públicas podrá emitir lineamientos y modelos de cláusulas para su aplicación.
En términos prácticos, las instituciones necesitarán comprobar que las soluciones adquiridas pueden ser examinadas y que el Estado conserva control sobre los datos ciudadanos. La Presidencia señala que se busca evitar sistemas opacos que impidan su auditoría.
Qué deberá ocurrir durante la adecuación
El decreto dispone registros institucionales y un portal público de transparencia. También crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial para coordinar y dar seguimiento a la implementación. El MAP ejercerá la rectoría administrativa, la Digeig la supervisión ética y la OGTIC las funciones técnicas.
Durante los 180 días de adecuación, las entidades deberán ajustar sus procesos, registrar los sistemas en funcionamiento y designar responsables. Los avances podrán observarse en esos instrumentos y en la disponibilidad de mecanismos efectivos para explicar y revisar decisiones: las herramientas que permitirán comprobar cómo se aplica el código después del anuncio.
