VERÓN–PUNTA CANA.– La transformación más importante que promete el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) no será visible de inmediato en una nueva avenida o en un edificio público. Su primer efecto será establecer reglas obligatorias para decidir qué puede hacerse en cada porción del territorio: qué suelo puede urbanizarse, cuál debe reservarse para vivienda, comercio, industria o agricultura, dónde no se podrá construir y qué condiciones deberá cumplir cada proyecto antes de recibir una licencia.
Ese cambio busca responder a una paradoja acumulada durante décadas. Verón–Punta Cana se convirtió en el principal polo turístico de República Dominicana, atrajo inversiones, empleos y población a una velocidad extraordinaria, pero una parte considerable de su ciudad creció sin una estructura territorial capaz de ordenar simultáneamente la vivienda, los centros de trabajo, el tránsito, los servicios y la protección ambiental.
El Gobierno presentó el plan el viernes 17 de julio durante un encuentro encabezado por José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y David Collado, ministro de Turismo. Participaron también Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; Uridy Marte, regidor y presidente del Consejo de Vocales de la Junta del Distrito Municipal Turístico Verón–Punta Cana; autoridades locales, representantes empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
La pregunta central tras la presentación es qué mejorará realmente con el nuevo instrumento. La respuesta técnica es amplia: el plan clasificará los suelos, fijará parámetros de edificación, protegerá áreas ambientales y agrícolas, orientará la inversión pública, incorporará criterios de riesgo, establecerá mecanismos de participación y creará consecuencias para quienes autoricen o ejecuten proyectos contrarios a la normativa. La respuesta práctica es más sencilla: nadie podrá utilizar el territorio únicamente según su conveniencia.
De crecimiento económico a desarrollo organizado
Paliza definió el PMOT como una herramienta para sostener el peso económico del destino sin seguir acumulando desorden urbano y daños ambientales. “Este instrumento favorecerá un modelo de turismo sostenible, acorde con el crecimiento que experimenta Verón Punta Cana y la importancia estratégica de este destino para la economía nacional”, afirmó durante la presentación.
El ministro de la Presidencia sostuvo que el plan deberá fortalecer la planificación urbana, mejorar la movilidad, elevar la calidad de vida y promover un hábitat más seguro frente a los riesgos naturales. También lo vinculó con la seguridad alimentaria y con la necesidad de anticipar las presiones que generará el crecimiento poblacional.
Collado colocó el problema en la escala que ha alcanzado el destino. El ministro de Turismo recordó que más de cuatro millones de visitantes ingresan anualmente por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y advirtió: “Verón Punta Cana no puede continuar creciendo de manera desorganizada”.
Para el funcionario, aplicar un plan de esta naturaleza implica “tomar decisiones difíciles, pero necesarias”. Collado consideró que sería irresponsable ignorar los problemas acumulados por la expansión y defendió el ordenamiento como una responsabilidad compartida entre el Gobierno central, las autoridades locales, el sector privado y la sociedad.
Las cifras expuestas en el encuentro explican la urgencia. La población del distrito pasó de 43,982 habitantes en 2010 a 138,919 en 2022 y las proyecciones oficiales la sitúan en 241,767 habitantes para 2035. Al mismo tiempo, Verón–Punta Cana concentra cerca del 60 % de la llegada de pasajeros aéreos de República Dominicana.
Domingo Matías situó esos datos dentro de una diferencia esencial entre producir riqueza y construir una ciudad sostenible:
“Verón–Punta Cana aporta una parte muy importante de la riqueza de la República Dominicana y del producto interno bruto regional. Sin embargo, crecimiento económico y desarrollo no son lo mismo. Un territorio puede crecer económicamente sin alcanzar un desarrollo sostenible. Aquí existe un crecimiento económico que debe transformarse en desarrollo sostenible para garantizar el futuro”.
El viceministro explicó que el Gobierno trabaja con más de 60 administraciones locales en instrumentos de ordenamiento y proyecta que una proporción significativa de los municipios cuente con planes hacia 2028. El caso de Verón–Punta Cana, precisó, es especialmente complejo por la velocidad de su crecimiento, la actividad turística, la apertura de la Autovía del Coral, el movimiento aeroportuario y el aumento de la huella construida.
“La población pasó de aproximadamente 40,000 habitantes a cerca de 140,000 según los datos oficiales, aunque existe discusión sobre la cifra real. A veces se confunde la huella construida con la población residente. Puede existir mucha infraestructura sin que toda esté ocupada permanentemente, especialmente en un territorio con una población flotante considerable. No obstante, la dinámica económica y vehicular demuestra la intensidad del crecimiento”.
Para Matías, el propósito no es impedir nuevas inversiones, sino ordenar su localización y sus efectos:
“El territorio ha crecido sin suficiente regulación y el Plan de Ordenamiento Territorial busca proteger el valor que representa Verón–Punta Cana. No pretende restringir el crecimiento, sino regularlo”.
Juan Carlos Sánchez: el conocimiento técnico detrás del proceso
Buena parte de la memoria institucional del proyecto está concentrada en Juan Carlos Sánchez, director de la Oficina Técnica de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Junta Distrital. Sus explicaciones permiten reconstruir por qué el plan tardó años y por qué no podía limitarse a dibujar usos sobre un mapa.
El equipo técnico tuvo que conciliar autorizaciones anteriores, planes maestros turísticos, concesiones mineras, áreas protegidas, zonas inundables, expansión urbana y competencias distribuidas entre varias instituciones. También debió actualizar repetidamente el diagnóstico porque la población, la construcción y los proyectos continuaron creciendo mientras el documento era elaborado.
Según Sánchez, el PMOT tendrá implicaciones jurídicas directas porque deberá convertirse en una ordenanza municipal vinculante. Eso obligará a coordinar su aplicación con los ministerios de Turismo, Obras Públicas y Comunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Vivienda y Edificaciones, Energía y Minas, Industria y Comercio y otras entidades con competencias sectoriales.
El territorio contiene cuatro áreas protegidas identificadas en el proceso: Laguna de Bávaro, Hoyo Claro, Monumento Natural Costa Azul y el santuario marino, además de la franja de amortiguamiento vinculada al litoral, humedales y zonas inundables. La protección de esos espacios no es un componente ornamental: determinará dónde debe detenerse la urbanización y qué actividades pueden ser sancionadas.
Matías lo planteó de forma directa:
“Los patrimonios ambientales han sido vulnerados por distintos sectores económicos. El plan establece que esas afectaciones deben terminar y que quienes intervengan áreas protegidas o zonas de amortiguamiento deben enfrentar consecuencias. También proyecta hacia dónde debe expandirse el territorio y qué áreas no deben urbanizarse”.
Qué se podrá construir y dónde
El PMOT parte de un diagnóstico territorial y avanza hacia una clasificación de los suelos. Distingue lo urbanizado, las áreas que podrán incorporarse a la expansión y aquellas que deben permanecer protegidas. Dentro de esa estructura se establecen categorías residenciales, comerciales, mixtas, industriales, mineras, forestales y agrícolas.
“El plan parte de un diagnóstico que identifica el estado de situación. La construcción desordenada y la debilidad en el ejercicio de la autoridad forman parte de ese diagnóstico. De allí se desprenden la clasificación de los suelos, la determinación de lo ya urbanizado, lo que debe urbanizarse en el futuro y lo que debe protegerse”, declaró Matías.
La clasificación tendrá consecuencias concretas. Un terreno reservado para vivienda individual no podrá convertirse libremente en un edificio, industria o negocio incompatible. Un suelo residencial podrá excluir ciertos comercios; uno mixto permitirá combinar funciones; y un área protegida quedará fuera de la expansión urbana.
“Lo que debe protegerse no se urbaniza. No puede autorizarse la urbanización de un área protegida como la Laguna de Bávaro. Luego se establecen parámetros edificatorios. Cuando una iniciativa se presenta ante el gobierno local, la autorización debe concederse conforme a los parámetros aprobados”.
El plan también pretende contener la dispersión: proyectos aislados, alejados de los servicios y desconectados de una red vial suficiente. Ese patrón aumenta el costo de llevar agua, saneamiento, transporte, electricidad, recogida de residuos y equipamientos públicos.
“La dispersión urbana perjudica la movilidad y encarece la prestación de los servicios. No es conveniente continuar incentivando construcciones aisladas, muy alejadas entre sí y sin conexión. El desarrollo no puede seguir realizándose donde cada persona quiera y de la manera que quiera”.
Alturas, retiros y estacionamientos dejarán de ser decisiones aisladas
La ordenanza que acompañará el PMOT deberá fijar parámetros edificatorios por unidad territorial: densidad, altura máxima, retiros frontales, laterales y posteriores, cantidad de estacionamientos y tipologías permitidas.
“Si una unidad territorial admite cuatro niveles, un promotor no puede presentar un proyecto de ocho y el gobierno local tampoco puede autorizarlo. Si un terreno se destina a vivienda individual, no puede utilizarse para otra tipología incompatible”, explicó Matías.
El estacionamiento aparece como uno de los problemas cotidianos que el plan deberá enfrentar. En una zona donde numerosos edificios y negocios trasladan sus vehículos a la calle, la autorización tendrá que comprobar que cada proyecto resuelva dentro de sus condiciones la demanda que genera.
“No puede haber edificios de apartamentos sin estacionamientos. Tampoco debe autorizarse un negocio sin resolver el estacionamiento necesario. Habrá suelos exclusivamente comerciales, suelos residenciales donde determinados comercios no podrán instalarse y suelos mixtos en los que podrán coexistir residencia y comercio. Eso significa ordenar”.
El régimen no alcanzará únicamente al promotor. Matías indicó que una licencia contraria al plan podría comprometer al constructor, al inversionista, al gobierno local y al funcionario que la haya autorizado.
“Si se construye sin cumplir los parámetros, habrá un régimen de consecuencias. Las sanciones pueden alcanzar al constructor, al inversionista, al gobierno local y al funcionario de Planeamiento Urbano que haya autorizado una licencia contraria al modelo de desarrollo”.
Seguridad, inundaciones y construcciones existentes
El POT incorporará las zonas inundables, áreas ambientalmente sensibles y otros terrenos expuestos a riesgos. La ordenanza deberá impedir nuevas autorizaciones en suelos no aptos y establecer procedimientos para enfrentar ocupaciones o edificaciones que ya existen.
El instrumento, sin embargo, no podrá aplicarse retroactivamente para borrar derechos adquiridos legalmente. Sánchez explicó que durante la elaboración fue necesario revisar los planes maestros previamente aprobados en desarrollos como Cap Cana, Puntacana y Macao. Cambiar unilateralmente parámetros autorizados durante años podría producir litigios y afectar la seguridad jurídica.
La misma complejidad existe en las zonas de amortiguamiento, los asentamientos expuestos a inundaciones y los terrenos que eventualmente se necesiten para obras públicas. Matías descartó las intervenciones abruptas:
“Lo construido legalmente ya existe y no se elimina mediante una aplicación retroactiva. Sin embargo, una actividad existente no puede continuar violando normas. Las responsabilidades no recaen únicamente sobre el gobierno local; también corresponden a las instituciones sectoriales”.
“Si una ocupación se encuentra dentro de una zona de amortiguamiento, debe abordarse mediante procedimientos legales y plazos. No se trata de llegar de manera abrupta y expulsar a las personas. La democracia y el Estado de derecho exigen procesos”.
La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos asigna al Ministerio de Vivienda y Edificaciones responsabilidades en los procesos de reasentamiento. Cuando una comunidad ocupa un suelo inundable, una zona de alto riesgo o un terreno requerido para una obra de interés público, pueden ser necesarias relocalizaciones o expropiaciones sujetas al debido proceso.
“El plan identifica los suelos inundables y las áreas expuestas a riesgos. La ordenanza debe obligar al gobierno local a evitar autorizaciones de construcción en terrenos no aptos, incluyendo aquellos con riesgos ambientales o sísmicos”.
Una movilidad que deberá planificarse por funciones
El PMOT no diseñará por sí solo cada calle, elevado o solución vial, pero deberá definir la estructura territorial sobre la cual se preparen los planes de movilidad, los proyectos sectoriales y las inversiones públicas.
La congestión de Verón–Punta Cana tiene una dirección reconocible: por la mañana, gran parte de la población se desplaza desde las zonas residenciales hacia hoteles y otros centros de trabajo; por la tarde, el movimiento se invierte. La separación desordenada entre empleo y vivienda extendió los recorridos y concentró el tránsito en pocos corredores.
“La congestión actual está relacionada con la forma en que se distribuyeron los centros de trabajo y las viviendas. Durante la mañana gran parte de la población se desplaza hacia la zona turística y hotelera; por la tarde ocurre el movimiento contrario. Esos centros laborales y residenciales no fueron ordenados conforme a una lógica territorial”.
“El plan ofrece directrices sobre dónde deben localizarse las industrias, las áreas institucionales, los comercios y las residencias. Cuando el suelo evoluciona sin planificación, una zona originalmente residencial puede transformarse en comercial y desplazar la vivienda hacia sectores cada vez más alejados. Esa dinámica produce un modelo caótico y perjudica la movilidad urbana”.
Matías precisó que las soluciones específicas deberán desarrollarse después mediante planes maestros, planes parciales y proyectos sectoriales. La diferencia será que esas intervenciones tendrán que responder a una estructura común.
Las obras del Gobierno también quedarán sujetas al plan
Uno de los alcances menos visibles, pero más relevantes, es el carácter vinculante del POT para las instituciones nacionales. No solo los particulares deberán cumplirlo. Obras Públicas, Intrant, Turismo, Medio Ambiente, Vivienda y otras entidades tendrán que ajustar sus inversiones y autorizaciones a las directrices territoriales aprobadas localmente.
“Si Obras Públicas diseña proyectos viales para Verón–Punta Cana, debe construir donde las vías sean necesarias según el plan, no donde resulte arbitrario. La inversión pública tiene que respetar el instrumento local. Ese es uno de los poderes más importantes que adquieren los gobiernos locales cuando cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial”, sostuvo Matías.
Esta obligación busca evitar que cada institución actúe con su propia lógica sobre el mismo espacio. El suelo sobre el que se decide una carretera, una escuela, una terminal, un proyecto habitacional o una obra de saneamiento forma parte de un sistema territorial único, aunque la inversión provenga de organismos distintos.
Minería, turismo y derechos previamente otorgados
Sánchez explicó que el documento tuvo que conciliar usos que compiten por el mismo terreno. Entre ellos figuran concesiones mineras localizadas dentro de áreas alcanzadas por la expansión urbana. La ley considera que los suelos mineros no son urbanizables, pero algunas concesiones fueron concedidas bajo marcos anteriores y una ordenanza distrital no puede derogarlas.
El conflicto tampoco admite una respuesta simple. La minería aporta agregados indispensables para la construcción. Una prohibición general podría afectar la misma industria que sostiene buena parte de la economía local. El proceso requirió conversaciones con Energía y Minas y con los concesionarios para buscar soluciones jurídicas y territoriales.
También hubo que incorporar proyectos y planes maestros aprobados por Turismo y Obras Públicas antes del PMOT. Para Sánchez, omitir esos antecedentes habría expuesto el plan a impugnaciones. El reto fue integrar los derechos existentes sin renunciar a reglas más claras para las nuevas actuaciones.
Matías resumió el equilibrio de esta manera:
“El plan protege los patrimonios ambientales, las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. También respeta los marcos jurídicos de Medio Ambiente, Minería, Industria y Comercio, Turismo y las decisiones institucionales adoptadas antes de su aprobación”.
Más poder local, pero también más responsabilidad
La Ley 368-22 permite que los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes ejerzan competencias de uso del suelo. El Ministerio de la Presidencia habilitó la Oficina de Planeamiento Urbano de Verón–Punta Cana para asumir esa función.
El cambio traslada poder al distrito, pero también aumenta su responsabilidad. El plan deberá ser administrado, interpretado y fiscalizado por una estructura local con capacidad técnica suficiente.
“La Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial de Verón–Punta Cana tiene que fortalecerse para administrar un instrumento tan complejo. Necesita personal capacitado, tecnología, programas informáticos y recursos. Desde el Gobierno central existe disposición de apoyar parte de ese fortalecimiento, pero el gobierno local también debe aportar el personal necesario”, advirtió Matías.
Sánchez considera que la norma debe aclarar cuidadosamente las competencias del distrito municipal frente al municipio cabecera para reducir el riesgo de disputas judiciales. Esa definición fue una de las razones por las que la elaboración exigió revisiones legales y coordinación entre instituciones.
Matías defendió que el instrumento es del gobierno local, no de los ministerios que acompañaron su preparación:
“El plan no pertenece al Ministerio de la Presidencia ni al Ministerio de Turismo: pertenece al gobierno local. Le otorga una responsabilidad y un poder importantes a Verón–Punta Cana, territorio que, desde mi punto de vista, hace tiempo debió convertirse en municipio”.
Uridy Marte y el papel del Consejo de Vocales
Como presidente del Consejo de Vocales, Uridy Marte tendrá una participación central en la etapa que sigue. El documento presentado no entra automáticamente en vigor: deberá publicarse, someterse a vistas públicas, recibir observaciones y finalmente ser conocido por el órgano normativo del distrito.
Marte ha planteado la necesidad de capacitar a los vocales y socializar el contenido con las comunidades. Su papel no se limita a convocar la sesión de aprobación. El Consejo tendrá que examinar el alcance de la ordenanza, escuchar posiciones encontradas y asegurar que las reglas aprobadas puedan ser comprendidas y fiscalizadas.
En intervenciones previas, el regidor ha defendido una planificación de largo plazo, con movilidad, protección ambiental y calidad de vida como partes de una misma política. Esa visión coincide con la exigencia de que el plan no quede confinado a especialistas o instituciones.
Matías se comprometió a participar en ese proceso formativo:
“Estoy dispuesto a participar en espacios formativos con los vocales, el personal técnico, los periodistas, la sociedad civil, las juntas de vecinos y los ambientalistas”.
“La eficacia de un Plan de Ordenamiento Territorial depende de la corresponsabilidad entre la administración pública y la sociedad. Sin participación social, contrapesos y pensamiento crítico, el plan pierde efectividad”.
El control ciudadano y el comité de seguimiento
El PMOT contempla un comité de seguimiento con representantes de la sociedad civil, el sector privado, el Gobierno central y el gobierno local. Su función será vigilar el cumplimiento y evitar que las reglas sean modificadas en la práctica por decisiones administrativas aisladas.
“La ciudadanía también debe actuar. Las llamadas y denuncias son válidas, pero después de denunciar deben utilizarse los mecanismos institucionales disponibles para detener las violaciones. El nuevo documento permitirá exigir que una edificación no sea aprobada sin los estacionamientos correspondientes”, señaló Matías.
El plan fue elaborado mediante coordinación con instituciones gubernamentales, autoridades locales, empresarios y organizaciones sociales. Durante la preparación surgieron objeciones de sectores que entendían que podían resultar afectados e incluso advirtieron que acudirían a los tribunales si no eran escuchados. Las revisiones buscaron ampliar el consenso sin asumir que todos los intereses quedarían satisfechos.
Matías describió el resultado como un pacto territorial:
“Este documento representa un nuevo pacto territorial construido después de años de discusiones, debates y trabajo técnico. Miles de horas fueron invertidas por equipos de cartografía, geografía, economía, urbanismo y derecho, además de las instituciones sectoriales y organizaciones sociales que participaron”.
Agricultura y seguridad alimentaria en un territorio turístico
Aunque el debate suele concentrarse en hoteles, apartamentos y carreteras, el plan también clasifica suelos agrícolas y forestales. Un terreno agrícola no se define solamente por tener cultivos en la actualidad, sino por sus condiciones y su capacidad productiva.
“Preservar los terrenos agrícolas adecuados puede contribuir a que el desarrollo sea más endógeno y reduzca la dependencia de otros territorios”, explicó Matías.
Ese componente conecta con la referencia de Paliza a la seguridad alimentaria. En un distrito que seguirá incorporando población y visitantes, perder todos los terrenos productivos ante la expansión inmobiliaria aumentaría la dependencia de cadenas de abastecimiento externas y reduciría opciones futuras.
La planificación no termina en los límites del distrito
Verón–Punta Cana funciona como motor de La Altagracia y de la región Yuma. Sus desplazamientos laborales, fuentes de agua, redes viales, actividades económicas y efectos ambientales no terminan en sus límites administrativos.
“Se trabaja en el Plan Regional de Yuma, integrado por La Altagracia, La Romana y El Seibo, y se proyectan planes para sus municipios y distritos. La Otra Banda está dentro de la programación. También deben formularse proyectos estructurantes que articulen agua, movilidad, ambiente, infraestructura y desarrollo económico más allá de los límites administrativos”, explicó Matías.
Los planes regionales, provinciales y municipales deberán armonizarse. La experiencia acumulada en Verón–Punta Cana puede servir a gobiernos locales vecinos para reducir obstáculos técnicos y acelerar sus propios procesos.
Del documento presentado a una norma obligatoria
El acto encabezado por Paliza y Collado marca una etapa, no el final. El documento debe difundirse para consulta pública. Después, el Consejo de Vocales celebrará vistas públicas y registrará las opiniones de ciudadanos, organizaciones y sectores económicos.
“Las observaciones que procedan se incorporarán; las que no sean compatibles con el marco técnico o jurídico deberán responderse y explicarse. Ninguna normativa es perfecta y siempre puede mejorarse, pero el proceso debe ser transparente”, afirmó Matías.
El plan cuenta, según el viceministro, con evaluación ambiental estratégica y validación técnica. Concluidos los ajustes, el Ministerio de la Presidencia deberá emitir la resolución correspondiente. Entonces, el presidente del Consejo de Vocales convocará la sesión para conocer y aprobar la ordenanza. Solo después se preparará y publicará el documento oficial del gobierno local.
Ese recorrido es decisivo porque un mapa y un diagnóstico no cambian por sí solos la ciudad. La mejora dependerá de que la ordenanza sea clara, de que la oficina local tenga personal y tecnología, de que las instituciones nacionales respeten sus directrices, de que las licencias se concedan sin excepciones indebidas y de que la ciudadanía pueda consultar y fiscalizar las decisiones.
Matías resumió el sentido cotidiano del instrumento:
“Un Plan de Ordenamiento Territorial es un mandato para que nadie utilice el territorio para hacer lo que quiera. El territorio es el espacio vivido: el barrio, la comunidad y los lugares donde se desarrolla la vida cotidiana”.
“En ese espacio no puede hacer lo que quiera un residente, un empresario, un hotelero ni el propio Gobierno. Todos deben cumplir reglas. Así como una persona puede tener un vehículo, pero no puede circular sin licencia ni ignorar las normas de tránsito, tampoco puede construir sin licencia ni utilizar un suelo de una manera incompatible con lo establecido”.
“En términos sencillos, el plan crea reglas para invertir, construir y utilizar el suelo en el territorio donde vivimos”.
Lo que debería mejorar
Si el proceso concluye y la aplicación corresponde con lo presentado, Verón–Punta Cana deberá contar con mayor certeza para invertir, porque cada suelo tendrá usos y parámetros conocidos; más protección ambiental, porque las áreas protegidas, humedales, zonas de amortiguamiento y terrenos de riesgo estarán identificados; mejores condiciones urbanas, porque alturas, densidades, retiros y estacionamientos dejarán de depender de decisiones aisladas; y una inversión pública más coherente, porque las obras nacionales deberán ajustarse al modelo territorial.
También debería mejorar la movilidad a mediano y largo plazo, no porque el POT construya inmediatamente nuevas vías, sino porque permitirá organizar la localización de viviendas, empleos, comercios, industrias y equipamientos, y servirá de base para planes parciales y proyectos viales posteriores.
La principal prueba será institucional. Un territorio puede disponer de una cartografía detallada y de una ordenanza técnicamente sólida, pero seguir creciendo de forma desordenada si las licencias no se fiscalizan, las sanciones no se aplican o las excepciones terminan sustituyendo la regla.
Por eso, el cierre del proceso se desplaza ahora desde los técnicos hacia el Consejo de Vocales, la oficina de planificación, las instituciones sectoriales y la vigilancia social. En palabras de Matías:
“Les pediría colocar el interés colectivo por encima de cualquier interés particular, sin negar que cada sector puede defender legítimamente sus objetivos. Existe una jerarquía en la que el bienestar común debe prevalecer”.
“Los sectores sociales, económicos y políticos de Verón–Punta Cana deben articularse, construir una agenda común y actuar en función de ella. Una propuesta colectiva fortalece la capacidad de negociación con el Gobierno y evita que cada actor intervenga de manera aislada”.
“El Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos disponibles para construir esa agenda. En la medida en que los sectores se organicen y participen conjuntamente, también se fortalecerán la democracia local y el sentido de pertenencia de la comunidad”.